El Estado sólo financia el 28% de las intervenciones - Italia, Reino Unido, Holanda, Bélgica y Portugal subvencionan más del 90%
España se ha acostumbrado a que sus abortos cuesten dinero, a que las mujeres tengan que pagar por ellos en clínicas privadas. Ha sido así desde 1985, cuando se despenalizó esta práctica en este país. En 2007, el Estado sólo financió el 28% de las interrupciones voluntarias del embarazo, según datos facilitados a EL PAÍS por las comunidades autónomas. El 2% de las intervenciones se llevó a cabo directamente en hospitales públicos y el 26% en centros privados concertados. El resto, el 72%, fueron sufragadas por las pacientes. Son cifras impensables en el resto de Europa. Holanda, Italia, Bélgica y Portugal financian el 100% de sus abortos. Reino Unido paga el 91% y Francia y Suiza, más del 70%. Lo raro entre nuestros vecinos es que el sistema nacional de salud no se haga cargo de esta intervención.
En Europa, los sistemas varían en función del país. Algunos usan mayoritariamente sus hospitales para practicar los abortos, como Italia (que realiza el 91% de intervenciones en centros públicos y sólo el 9% en clínicas concertadas con el Estado). Otros han generalizado el sistema de los conciertos, como Holanda, en donde el 94% de las interrupciones de embarazo se lleva a cabo en clínicas privadas que no cobran a las pacientes sino al Sistema Nacional de Salud. En Bélgica el porcentaje es similar: un 79% de abortos en centros privados concertados frente al 21% que se practica en hospitales públicos.
Portugal, que tiene la ley del aborto más reciente (de 2007), sigue un sistema mixto: el 65% de los abortos se realizan en hospitales públicos y el 35% en centros privados concertados. Ocurre lo mismo en el Reino Unido, que financia el 91% de las intervenciones y un poco más de la mitad (el 58%) se llevan a cabo en clínicas "independientes", gestionadas por ONG y organizaciones de caridad que cobran de la sanidad pública.
La indefinición de la ley vigente en España ha permitido que el Estado haya permanecido durante 24 años al margen de los abortos a pesar de que están dentro de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. El 97% de las intervenciones tienen como causa el riesgo para la salud de la madre y no hay apenas psiquiatras en la red pública dispuestos a firmar que la intervención es necesaria, así que la única salida es un centro privado. El aborto ha quedado fuera de la normalidad sanitaria, reducido al gueto.
En Europa, los sistemas varían en función del país. Algunos usan mayoritariamente sus hospitales para practicar los abortos, como Italia (que realiza el 91% de intervenciones en centros públicos y sólo el 9% en clínicas concertadas con el Estado). Otros han generalizado el sistema de los conciertos, como Holanda, en donde el 94% de las interrupciones de embarazo se lleva a cabo en clínicas privadas que no cobran a las pacientes sino al Sistema Nacional de Salud. En Bélgica el porcentaje es similar: un 79% de abortos en centros privados concertados frente al 21% que se practica en hospitales públicos.
Portugal, que tiene la ley del aborto más reciente (de 2007), sigue un sistema mixto: el 65% de los abortos se realizan en hospitales públicos y el 35% en centros privados concertados. Ocurre lo mismo en el Reino Unido, que financia el 91% de las intervenciones y un poco más de la mitad (el 58%) se llevan a cabo en clínicas "independientes", gestionadas por ONG y organizaciones de caridad que cobran de la sanidad pública.
La indefinición de la ley vigente en España ha permitido que el Estado haya permanecido durante 24 años al margen de los abortos a pesar de que están dentro de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. El 97% de las intervenciones tienen como causa el riesgo para la salud de la madre y no hay apenas psiquiatras en la red pública dispuestos a firmar que la intervención es necesaria, así que la única salida es un centro privado. El aborto ha quedado fuera de la normalidad sanitaria, reducido al gueto.
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