Así lo señaló el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente Acosta, que puso como ejemplo Andalucía donde el número de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas ha bajado de forma considerable en los últimos años y donde también el volumen de denuncias ha aumentado considerablemente, lo que significa que "ha cambiado el concepto que se tenía de las instituciones". Por otro lado, el Consejo Económico y Social (CES) ha pedido al Gobierno que amplíe a todos los inmigrantes víctimas de violencia en el ámbito familiar la posibilidad de obtener una autorización de residencia independiente. Lorente señaló que "la evolución de la actitud social de Andalucía se traduce en una mayor concienciación, que da lugar a mayor número de denuncias" contra la violencia de género, aunque esto no debe influir en que la sociedad y las instituciones sigan "trabajando para prevenir". En este sentido, la actitud debe seguir siendo "contundente y tajante". Lorente celebró que estos datos se hayan podido registrar, a pesar del aumento constante de la población en la Comunidad andaluza, ya que confirma que existe una verdadera "señal de respuesta" ante la violencia de género. Durante los últimos años el número de homicidios en el ámbito familiar ha bajado de forma considerable. En 2006 fueron 18 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en Andalucía, en el año 2007 la cifra bajó a ocho, y se mantuvo en nueve homicidios durante 2008. Esto confirma que "ha habido un cambio de actitud de los andaluces en referencia a la prevención", ya que estos datos sólo ha sido posible registrarlos gracias al aumento de las denuncias, según explicó Lorente. Además, con esto se confirma un dato esperanzador, y es que "ha cambiado el concepto que se tenía de las instituciones".
Protección para inmigrantes
Por otro lado, el Consejo Económico y Social (CES), reclama al Gobierno que amplíe a todos los inmigrantes víctimas de violencia de género la posibilidad de obtener una autorización de residencia independiente, en lugar de reconocer este derecho sólo a las mujeres que sufren violencia en el ámbito familiar, conforme se plantea en el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Con esto, el CES pretende que no solamente estén protegidas las inmigrantes, sino también cualquier ciudadano extranjero que pueda ser vulnerable ante la violencia. El texto, que deberá consultar el Gobierno, establece que "en caso de que la cónyuge fuera víctima de violencia de género, podrá obtener la autorización de residencia independiente desde el momento en que se hubiera dictado una orden de protección a favor de la misma", sin necesidad de acreditar para ello que dispone de medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades. Además, el CES considera que "debería extenderse dicha protección al resto de posibles víctimas" del delito de violencia familiar, como los hijos menores de edad, los mayores dependientes, los incapaces y demás personas de "especial vulnerabilidad".
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