Un estudio financiado por la Unión Europea propugna medir el impacto laboral, económico y social de la violencia machista en la vida de las mujeres, ya que hasta ahora las políticas se han centrado en aspectos como la seguridad, la atención penal o las consecuencias físicas y psicológicas.
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Fina Rubio ha indicado que la crisis económica incrementó en un 50% las demandas de ayuda en los últimos tres meses del pasado año en la fundación que dirige, que en 2008 atendió a 1.300 mujeres, de las que el 23% habían padecido violencia, aunque otro 8% no quisieron denunciar ni hacer pública su situación de maltrato.
Ha calificado de "innovadora" la investigación de Camarasa, ya que, hasta ahora, los 'medidores' para conocer las consecuencias de la violencia machista se habían centrado en aspectos como la seguridad pública o el impacto físico y psicológico de las mujeres que la padecen, aunque "la violencia de género no sólo afecta a la salud de las maltratadas, sino al conjunto de su vida", ha argumentado.
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La investigadora ha considerado que las consecuencias en el ámbito laboral, con ausencias, bajas, cambios o pérdidas de empleos y paro son efectos habituales de la violencia de género en las mujeres, por lo que las políticas deberían contemplar medidas de sensibilización en las empresas.
A nivel económico, padecer violencia supone, a su juicio, un deterioro de la situación económica para muchas mujeres y, de rebote, también para sus hijos, sobre todo cuando las víctimas carecen de ingresos propios.
Por lo que se refiere a los efectos sobre la participación social de las mujeres, a menudo la violencia provoca su aislamiento, debilita sus relaciones e incrementa el riesgo de exclusión social, por lo que "habría que definir nuevas estrategias y herramientas para evitar esta situación y restablecer los vínculos personales".
En la vivienda, el impacto de la violencia "es enorme", ha asegurado Mar Camarasa, ya que los abandonos suelen ser forzados y la pérdida del domicilio habitual comporta afrontar la búsqueda de un nuevo espacio para la mujer y sus hijos e incluso los padres, con la dificultad añadida de asumir nuevos gastos de vivienda.
El estudio también ha detectado "obstáculos importantes a la hora de acceder a los recursos legales" por parte de las mujeres que padecen o han padecido violencia machista, y que muchas verbalizan estas dificultades a la hora de denunciar.
La autora propugna "mejorar las intervenciones desde el ámbito jurídico, lo que podría suponer un aumento de la motivación de las mujeres que padecen violencia de género a la hora de iniciar un proceso legal contra su agresor".
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Fina Rubio ha indicado que la crisis económica incrementó en un 50% las demandas de ayuda en los últimos tres meses del pasado año en la fundación que dirige, que en 2008 atendió a 1.300 mujeres, de las que el 23% habían padecido violencia, aunque otro 8% no quisieron denunciar ni hacer pública su situación de maltrato.
Ha calificado de "innovadora" la investigación de Camarasa, ya que, hasta ahora, los 'medidores' para conocer las consecuencias de la violencia machista se habían centrado en aspectos como la seguridad pública o el impacto físico y psicológico de las mujeres que la padecen, aunque "la violencia de género no sólo afecta a la salud de las maltratadas, sino al conjunto de su vida", ha argumentado.
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La investigadora ha considerado que las consecuencias en el ámbito laboral, con ausencias, bajas, cambios o pérdidas de empleos y paro son efectos habituales de la violencia de género en las mujeres, por lo que las políticas deberían contemplar medidas de sensibilización en las empresas.
A nivel económico, padecer violencia supone, a su juicio, un deterioro de la situación económica para muchas mujeres y, de rebote, también para sus hijos, sobre todo cuando las víctimas carecen de ingresos propios.
Por lo que se refiere a los efectos sobre la participación social de las mujeres, a menudo la violencia provoca su aislamiento, debilita sus relaciones e incrementa el riesgo de exclusión social, por lo que "habría que definir nuevas estrategias y herramientas para evitar esta situación y restablecer los vínculos personales".
En la vivienda, el impacto de la violencia "es enorme", ha asegurado Mar Camarasa, ya que los abandonos suelen ser forzados y la pérdida del domicilio habitual comporta afrontar la búsqueda de un nuevo espacio para la mujer y sus hijos e incluso los padres, con la dificultad añadida de asumir nuevos gastos de vivienda.
El estudio también ha detectado "obstáculos importantes a la hora de acceder a los recursos legales" por parte de las mujeres que padecen o han padecido violencia machista, y que muchas verbalizan estas dificultades a la hora de denunciar.
La autora propugna "mejorar las intervenciones desde el ámbito jurídico, lo que podría suponer un aumento de la motivación de las mujeres que padecen violencia de género a la hora de iniciar un proceso legal contra su agresor".
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