Amadou es de Senegal. Lleva en España apenas dos años y necesitó poco tiempo para darse cuenta de dónde podía ser muy útil. Hace unos meses, Médicos del Mundo en Aragón le ofreció colaborar como mediador ante las familias originarias de su país residentes en Zaragoza, con el objetivo de recabar información sobre qué piensan estas de la mutilación genital femenina. Conocedor de sus costumbres y tradiciones, y en su propia lengua, Amadou les explica las razones para no practicarles una ablación a sus hijas.
El hecho de que sea hombre, más que levantar recelos en un mundo eminentemente femenino, ayuda a que el padre, el marido, el suegro, el hermano, entiendan mejor la necesidad de evitar una costumbre que se resiste a desaparecer en una treintena de países. "Es importante que los hombres comprendan la importancia de este problema. Yo mismo sabía poco sobre la ablación cuando vivía en Senegal, pero ahora trato de que la información llegue a todos los rincones, sobre todo a los más alejados del país", explica.
En el mundo hay 140 millones de mujeres a las que les han amputado lo más íntimo de su ser. Y la cifra va en progresión: dos millones de niñas sufren cada año la tortura física y mental que supone la mutilación del clítoris. Ayer se conmemoró el Día Mundial contra la mutilación genital femenina, una práctica salvaje que provoca gravísimas infecciones a sus víctimas y les impide vivir su sexualidad con normalidad. Las costumbres, la propia familia y la presión social son el peor enemigo de las niñas que sueñan ser mujeres.
Prevención y acción
Amadou, como mediador, forma parte de un puzle compuesto por médicos de atención primaria, ginecólogos, trabajadores sociales, fiscales y jueces que siguen unas normas de prevención ante la ablación, pero que no dudan en pasar a la acción si existe el riesgo de que una niña sea mutilada cuando viaja de vacaciones a su país de origen. "Aquí entienden que no deben hacerlo, pero en Senegal todavía no, pese a que allí ya está prohibido y las mutilaciones no llegan al 20%", explica Amadou.
La tradición pesa mucho cuando se está fuera de España, y familias que aquí han decidido no someter a sus hijas a esta práctica sucumben ante la presión ejercida por abuelas, suegras o vecinas en el país de origen. Por ello, el protocolo (que en Cataluña es oficial, categoría que Aragón trabaja por igualar actualizando una guía de prevención que la DGA elaboró en 2005), establece que las familias deben firmar un certificado en el que se comprometen a no someterlas a la operación y que las niñas pasarán un reconocimiento médico en cuanto regresen a España. Si la pequeña ha sido mutilada, las penas con las que se castiga a los padres oscilan entre los seis y los 12 años, y pueden conllevar la retirada de la patria potestad sobre la menor. La ley aragonesa contempla esta práctica como un acto de violencia contra la mujer, y también puede llegar a intervenir la fiscalía de Menores cuando la ablación se da en niñas.
Desde Médicos del Mundo, la trabajadora social Julia Moreno recuerda que la oenegé puso en marcha en 2004 un proyecto de prevención e información a las mujeres de los países de riesgo. En el Hospital Clínico de Zaragoza, los ginecólogos, entre ellos Mauricio Tajada, comprobaron las complicaciones físicas que tenían las mujeres sometidas a esta práctica cuando daban a luz. Así nació un proyecto que ya implica al hospital Miguel Servet y al San Jorge de Huesca, que ha formado a unos 450 sanitarios en los dos últimos años y conseguido evitar cientos de ablaciones. "Buscamos la reflexión de las familias", explica Moreno, quien rompe una lanza a favor de estas y explica que suelen estar muy informadas sobre el tema. "Saben que en sus países las cosas están cambiando", asegura.
Amadou apoya esta idea. "Antes, en Senegal no llegaba tanta información. No había móviles ni televisión, las niñas no iban a la escuela. Ahora todo ha cambiado y eso permite que las cosas mejoren poco a poco", explica. Lo importante, a su juicio, es que su trabajo en Zaragoza, junto al de otros mediadores, cree una red informativa que llegue a todos los puntos de su país natal, "no solo en las ciudades grandes", dice. Contento con su labor, Amadou reconoce que mediar con las familias le ha ayudado a comprender un poco mejor su cultura. "Estoy satisfecho", concluye.
El hecho de que sea hombre, más que levantar recelos en un mundo eminentemente femenino, ayuda a que el padre, el marido, el suegro, el hermano, entiendan mejor la necesidad de evitar una costumbre que se resiste a desaparecer en una treintena de países. "Es importante que los hombres comprendan la importancia de este problema. Yo mismo sabía poco sobre la ablación cuando vivía en Senegal, pero ahora trato de que la información llegue a todos los rincones, sobre todo a los más alejados del país", explica.
En el mundo hay 140 millones de mujeres a las que les han amputado lo más íntimo de su ser. Y la cifra va en progresión: dos millones de niñas sufren cada año la tortura física y mental que supone la mutilación del clítoris. Ayer se conmemoró el Día Mundial contra la mutilación genital femenina, una práctica salvaje que provoca gravísimas infecciones a sus víctimas y les impide vivir su sexualidad con normalidad. Las costumbres, la propia familia y la presión social son el peor enemigo de las niñas que sueñan ser mujeres.
Prevención y acción
Amadou, como mediador, forma parte de un puzle compuesto por médicos de atención primaria, ginecólogos, trabajadores sociales, fiscales y jueces que siguen unas normas de prevención ante la ablación, pero que no dudan en pasar a la acción si existe el riesgo de que una niña sea mutilada cuando viaja de vacaciones a su país de origen. "Aquí entienden que no deben hacerlo, pero en Senegal todavía no, pese a que allí ya está prohibido y las mutilaciones no llegan al 20%", explica Amadou.
La tradición pesa mucho cuando se está fuera de España, y familias que aquí han decidido no someter a sus hijas a esta práctica sucumben ante la presión ejercida por abuelas, suegras o vecinas en el país de origen. Por ello, el protocolo (que en Cataluña es oficial, categoría que Aragón trabaja por igualar actualizando una guía de prevención que la DGA elaboró en 2005), establece que las familias deben firmar un certificado en el que se comprometen a no someterlas a la operación y que las niñas pasarán un reconocimiento médico en cuanto regresen a España. Si la pequeña ha sido mutilada, las penas con las que se castiga a los padres oscilan entre los seis y los 12 años, y pueden conllevar la retirada de la patria potestad sobre la menor. La ley aragonesa contempla esta práctica como un acto de violencia contra la mujer, y también puede llegar a intervenir la fiscalía de Menores cuando la ablación se da en niñas.
Desde Médicos del Mundo, la trabajadora social Julia Moreno recuerda que la oenegé puso en marcha en 2004 un proyecto de prevención e información a las mujeres de los países de riesgo. En el Hospital Clínico de Zaragoza, los ginecólogos, entre ellos Mauricio Tajada, comprobaron las complicaciones físicas que tenían las mujeres sometidas a esta práctica cuando daban a luz. Así nació un proyecto que ya implica al hospital Miguel Servet y al San Jorge de Huesca, que ha formado a unos 450 sanitarios en los dos últimos años y conseguido evitar cientos de ablaciones. "Buscamos la reflexión de las familias", explica Moreno, quien rompe una lanza a favor de estas y explica que suelen estar muy informadas sobre el tema. "Saben que en sus países las cosas están cambiando", asegura.
Amadou apoya esta idea. "Antes, en Senegal no llegaba tanta información. No había móviles ni televisión, las niñas no iban a la escuela. Ahora todo ha cambiado y eso permite que las cosas mejoren poco a poco", explica. Lo importante, a su juicio, es que su trabajo en Zaragoza, junto al de otros mediadores, cree una red informativa que llegue a todos los puntos de su país natal, "no solo en las ciudades grandes", dice. Contento con su labor, Amadou reconoce que mediar con las familias le ha ayudado a comprender un poco mejor su cultura. "Estoy satisfecho", concluye.
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