La comisionada de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Ana Peláez Narváez, ha denunciado la falta de accesibilidad en la aplicación de las medidas contempladas en la Ley contra la Violencia de Género, que entró en vigor en enero de 2005.Peláez, que además es directora de Relaciones Internacionales de la ONCE y vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, informó a Solidaridad Digital que ahora que se está estudiando una posible modificación de esta norma, criticó que las comisarías, las casas de acogida para mujeres maltratadas, los servicios de emergencia y los sistemas de protección de las víctimas no son accesibles, de modo que en numerosas ocasiones la mujeres discapacitadas maltratadas no se pueden beneficiar de los derechos que les otorga la ley.
Asimismo, la representante del Cermi censuró que las campañas de sensibilización que aparecen en los medios de comunicación para luchar contra la violencia machista no llegan a las mujeres discapacitadas porque “no están ni subtituladas, ni audiodescritas, ni disponen de información en lengua de signos”.
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