Casi todos los titulares de fincas agrarias son hombres y son muchas las mujeres fuera de la Seguridad SocialNo ha bastado con la creación de un ministerio del ramo, no han bastado las continuas llamadas a la igualdad, ni tanto menos los tímidos avances en discriminación positiva. La mujer rural sigue siendo el enfermo de Europa, y envuelta en un coto de obsoleto machismo poco puede esperar de la ayuda comunitaria, enzarzada en los continuos rifirrafes de la Política Agraria Común (PAC), ese foro de eternas discusiones que para nada se ocupa de la situación social de los trabajadores y menos aún si éstos son mujeres. Es el gran drama de la mujer rural.
Y eso que ordeñan las vacas, aran la tierra, cuidan de los animales, gestionan la explotación y cuando llegan a casa les espera el grueso del trabajo doméstico… y así todos los santos días de un año, un año tras otro.
De vez en cuando, muy de vez en cuando, creen ver una salida en el horizonte: el pasado 6 de marzo el Consejo de Ministros dio el visto bueno al real decreto que reconoce la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, una reivindicación histórica que a pesar de su publicación en el BOE se ha quedado en papel mojado apenas un semestre después.
La triste realidad es que todavía casi todos los titulares de fincas agrarias son hombres y que cualquier gestión sobre la explotación tiene que realizarla el titular o su cónyuge siempre y cuando cumpla el requisito de contar con la autorización expresa de su marido, aunque la que más bregue en la finca sea ella. En su momento la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) calculó que podrían ser algo más de 150.000 las mujeres que se beneficiarían con este cambio. Hoy en día nadie se atreve a dar una cifra de las que realmente lo consiguieron, mientras Administración Central y Comunidades Autónomas no parecen alcanzar un punto de encuentro.
La situación tiene ribetes kafkianos: el BOE publicó el real decreto y desde entonces son las autonomías las encargadas de crear los registros pertinentes para que las mujeres pudieran registrarse como cotitulares de la explotación agraria que comparten, pero a la hora de la verdad no se ha constituido ni uno. Aducen que el Ministerio tiene que publicar una orden que no llega.
Ellas no desesperan
Dice el adagio popular que la esperanza es lo último que se pierde, pero se roza la desesperación. Carmela está más cerca de los 50 que de los 40, vive y trabaja en el municipio más extenso de la provincia de A Coruña, dispone de una explotación razonablemente discreta en el paraíso del minifundismo. Su diana suena a las seis y media pues a las siete inicia su calvario particular: ordeñar, echar de comer y atender al ganado, ir a la tierra y buscar un rato para llevar la contabilidad y pedir autorización a su marido para cualquier gestión. El resto del día se lo llevan las dos niñas que, de todas formas, comienzan a ayudar en algunas de las tareas. Ir al registro donde se guarda toda la información sobre las parcelas, o rellenar los papeles para la PAC, sólo puede tramitarlo el marido. Comparte el trabajo, pero se pasa el día llevando y trayendo papeleo para que el lo firme.
El oprobio llega cuando se habla con la autoridad pertinente. En teoría todo es perfecto, se vive en la mejor de las situaciones: las condiciones para registrarse como cotitular son estar dada de alta en el régimen especial agrario de la Seguridad Social y ser pareja o esposa del titular de la explotación. Así ya no tienen que llevar una autorización escrita de su pareja para tramitar cualquier gestión relacionada con el negocio. Los beneficios, así como todas las ayudas, se reparten entre los cotitulares. Aún hay más: en caso de separación o divorcio, las mujeres no tendrán que esperar a que un magistrado decida si la explotación forma parte de sus bienes gananciales.
El negro caso de Lugo
Tema aparte es el de la afiliación a la Seguridad Social. Casi la mitad de las mujeres del campo en la provincia de Lugo, por poner un ejemplo paradigmático, no cotiza a la Seguridad Social, según estimaciones de Fademur. Oficialmente de las más de 16.700 personas dadas de alta en el SETA en esta provincia, más de 9.500 son mujeres, casi dos mil más que hombres. Sin embargo, según Fademur se puede concluir que unas 19.000 féminas trabajan diariamente en las explotaciones agroganaderas aunque la mitad no exista para las estadísticas.
Nos encontramos pues ante una especie de economía sumergida que puede responder a evidencias del agro gallego: la escasa rentabilidad de las explotaciones, al margen de algunos condicionamientos sexistas que todavía perviven en el medio rural.
Según nos reconoce Verónica Marcos, de Fademur-Lugo, “los beneficios de una granja no llegan para pagar dos seguros sociales. En estas condiciones, lo habitual es que sea el hombre el que cotice, aunque la mujer trabaje más tiempo en el campo o con el ganado”. Así las cosas, la única opción que en muchos casos le queda a la mujer es que el marido tenga un empleo por cuenta ajena al margen de la explotación familiar. Esta circunstancia se dio mayormente con el boom de la construcción, pero ahora está de capa caída.
Para abundar aún más en este injusto panorama, la legislación vigente fija la jornada laboral en 40 horas semanales, pero en el caso de la mujer rural la jornada se dispara hasta las 70 horas, un auténtico y flagrante caso de explotación laboral.
Luz verde en Navarra
En la otra cara de la moneda se situará en breve la comunidad navarra: su Gobierno concederá bonificaciones a todas las mujeres que se inscriban como titulares o cotitulares de una explotación agraria en su cotización a la Seguridad Social. Las ayudas se otorgarán a partir de 2010 durante los tres primeros años de actividad, con la finalidad de promover la presencia de la mujer en el entorno rural.
Y eso que ordeñan las vacas, aran la tierra, cuidan de los animales, gestionan la explotación y cuando llegan a casa les espera el grueso del trabajo doméstico… y así todos los santos días de un año, un año tras otro.
De vez en cuando, muy de vez en cuando, creen ver una salida en el horizonte: el pasado 6 de marzo el Consejo de Ministros dio el visto bueno al real decreto que reconoce la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, una reivindicación histórica que a pesar de su publicación en el BOE se ha quedado en papel mojado apenas un semestre después.
La triste realidad es que todavía casi todos los titulares de fincas agrarias son hombres y que cualquier gestión sobre la explotación tiene que realizarla el titular o su cónyuge siempre y cuando cumpla el requisito de contar con la autorización expresa de su marido, aunque la que más bregue en la finca sea ella. En su momento la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) calculó que podrían ser algo más de 150.000 las mujeres que se beneficiarían con este cambio. Hoy en día nadie se atreve a dar una cifra de las que realmente lo consiguieron, mientras Administración Central y Comunidades Autónomas no parecen alcanzar un punto de encuentro.
La situación tiene ribetes kafkianos: el BOE publicó el real decreto y desde entonces son las autonomías las encargadas de crear los registros pertinentes para que las mujeres pudieran registrarse como cotitulares de la explotación agraria que comparten, pero a la hora de la verdad no se ha constituido ni uno. Aducen que el Ministerio tiene que publicar una orden que no llega.
Ellas no desesperan
Dice el adagio popular que la esperanza es lo último que se pierde, pero se roza la desesperación. Carmela está más cerca de los 50 que de los 40, vive y trabaja en el municipio más extenso de la provincia de A Coruña, dispone de una explotación razonablemente discreta en el paraíso del minifundismo. Su diana suena a las seis y media pues a las siete inicia su calvario particular: ordeñar, echar de comer y atender al ganado, ir a la tierra y buscar un rato para llevar la contabilidad y pedir autorización a su marido para cualquier gestión. El resto del día se lo llevan las dos niñas que, de todas formas, comienzan a ayudar en algunas de las tareas. Ir al registro donde se guarda toda la información sobre las parcelas, o rellenar los papeles para la PAC, sólo puede tramitarlo el marido. Comparte el trabajo, pero se pasa el día llevando y trayendo papeleo para que el lo firme.
El oprobio llega cuando se habla con la autoridad pertinente. En teoría todo es perfecto, se vive en la mejor de las situaciones: las condiciones para registrarse como cotitular son estar dada de alta en el régimen especial agrario de la Seguridad Social y ser pareja o esposa del titular de la explotación. Así ya no tienen que llevar una autorización escrita de su pareja para tramitar cualquier gestión relacionada con el negocio. Los beneficios, así como todas las ayudas, se reparten entre los cotitulares. Aún hay más: en caso de separación o divorcio, las mujeres no tendrán que esperar a que un magistrado decida si la explotación forma parte de sus bienes gananciales.
El negro caso de Lugo
Tema aparte es el de la afiliación a la Seguridad Social. Casi la mitad de las mujeres del campo en la provincia de Lugo, por poner un ejemplo paradigmático, no cotiza a la Seguridad Social, según estimaciones de Fademur. Oficialmente de las más de 16.700 personas dadas de alta en el SETA en esta provincia, más de 9.500 son mujeres, casi dos mil más que hombres. Sin embargo, según Fademur se puede concluir que unas 19.000 féminas trabajan diariamente en las explotaciones agroganaderas aunque la mitad no exista para las estadísticas.
Nos encontramos pues ante una especie de economía sumergida que puede responder a evidencias del agro gallego: la escasa rentabilidad de las explotaciones, al margen de algunos condicionamientos sexistas que todavía perviven en el medio rural.
Según nos reconoce Verónica Marcos, de Fademur-Lugo, “los beneficios de una granja no llegan para pagar dos seguros sociales. En estas condiciones, lo habitual es que sea el hombre el que cotice, aunque la mujer trabaje más tiempo en el campo o con el ganado”. Así las cosas, la única opción que en muchos casos le queda a la mujer es que el marido tenga un empleo por cuenta ajena al margen de la explotación familiar. Esta circunstancia se dio mayormente con el boom de la construcción, pero ahora está de capa caída.
Para abundar aún más en este injusto panorama, la legislación vigente fija la jornada laboral en 40 horas semanales, pero en el caso de la mujer rural la jornada se dispara hasta las 70 horas, un auténtico y flagrante caso de explotación laboral.
Luz verde en Navarra
En la otra cara de la moneda se situará en breve la comunidad navarra: su Gobierno concederá bonificaciones a todas las mujeres que se inscriban como titulares o cotitulares de una explotación agraria en su cotización a la Seguridad Social. Las ayudas se otorgarán a partir de 2010 durante los tres primeros años de actividad, con la finalidad de promover la presencia de la mujer en el entorno rural.
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